La jueza María Servini ha decidido cerrar la etapa de instrucción en el caso que involucra al gendarme Héctor Jesús Guerrero, quien está acusado de haber disparado contra el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación. Esta decisión marca un paso importante en el proceso judicial, ya que la magistrada ha elevado el caso a juicio oral, lo que permitirá que se lleve a cabo un debate sobre las acciones del gendarme y su responsabilidad en lo sucedido. Además, Servini ha ordenado la recopilación de testimonios adicionales para investigar la cadena de mando involucrada en el operativo policial que tuvo lugar el 12 de marzo de 2025.
La acusación contra Guerrero incluye delitos graves como tentativa de homicidio agravada y abuso de armas, debido a los disparos que realizó durante la represión en la que Grillo resultó herido. Esta solicitud fue presentada por parte de la querella, que cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), quienes enfatizaron la necesidad de justicia en este caso de violencia institucional. La magnitud de los delitos imputados resalta la gravedad de la situación y la importancia de establecer responsabilidades claras en el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
El fiscal Eduardo Taiano, quien lidera la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, también ha apoyado la elevación a juicio. En su argumentación, Taiano subrayó que la actuación de los gendarmes fue desproporcionada e irracional, indicando que Guerrero era plenamente consciente de que estaba infringiendo las normas de uso de la fuerza. Según el fiscal, el gendarme no solo violó los protocolos establecidos, sino que su accionar creó un peligro inminente para la vida de los manifestantes presentes en el lugar.
El caso se centra en los seis disparos realizados por Guerrero, que fueron calificados como antirreglamentarios, ya que se efectuaron en un contexto en el que no había agresiones hacia la fuerza de seguridad. Este comportamiento pone de relieve la falta de profesionalismo y de respeto hacia los derechos humanos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. La fiscalía sostiene que los disparos generaron un riesgo claro para la integridad física de los ciudadanos, y que uno de ellos impactó directamente en la cabeza de Pablo Grillo, causando lesiones severas.
Las consecuencias de este ataque fueron devastadoras para Grillo, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde se le diagnosticó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Su situación crítica requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, y las secuelas de la agresión han sido calificadas como gravísimas. Este aspecto del caso refuerza la urgencia de esclarecer las responsabilidades de los gendarmes implicados, así como de quienes dirigieron el operativo.
La decisión de elevar el caso a juicio oral no solo es un paso hacia la justicia para Pablo Grillo, sino que también plantea interrogantes sobre la política de uso de la fuerza y la necesidad de reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad en Argentina. La investigación sobre la cadena de mando es crucial para entender cómo se gestionó la represión y qué protocolos fallaron, lo que podría llevar a una revisión más amplia de las prácticas policiales y de la forma en que se manejan las manifestaciones en el país. La sociedad espera que este juicio no solo sirva para juzgar a un gendarme, sino que también contribuya a la construcción de un marco de respeto y protección de los derechos humanos en el ejercicio de la seguridad pública.
