En una decisión que marca un hito en la situación judicial del ex presidente argentino Alberto Fernández, el juez federal Daniel Rafecas ha desestimado un recurso presentado por su defensa. Este rechazo elimina uno de los últimos escollos procesales que le quedaban al ex mandatario, acercándolo al juicio oral por las acusaciones de violencia de género que enfrenta. La causa, que ha estado en el centro del debate público, se originó a partir de una denuncia formulada por su ex pareja y primera dama, Fabiola Yañez, quien lo acusa de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra durante un periodo extendido.
Fernández está bajo procesamiento por varios incidentes que incluyen lesiones leves y graves, los cuales se ven agravados por la relación que mantenía con la denunciante, así como por el ejercicio de su poder y su posición de autoridad. La acusación sugiere un patrón de comportamiento violento y control sobre Yañez, que se habría manifestado en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Este contexto ha llevado al fiscal federal Ramiro González a solicitar el cierre de la instrucción y la elevación de la causa a juicio, argumentando que existen pruebas suficientes para ser presentadas ante un tribunal.
La investigación abarca una serie de conductas desde antes de que Fernández asumiera la presidencia, durante su mandato y hasta después de dejar el cargo en diciembre de 2023. Esta amplitud temporal ha sido crucial para justificar la competencia del fuero federal en el caso, ya que muchos de los incidentes denunciados ocurrieron en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, lo que refuerza la jurisdicción federal.
En un intento por desviar la causa hacia la justicia local, la defensa del ex presidente presentó una denuncia contra Yañez en un tribunal penal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Esta denuncia, que alegaba amenazas y la restricción del contacto con su hijo menor, fue utilizada como argumento para solicitar la inhibición de la justicia federal. Sin embargo, el fiscal González argumentó que no existía una disputa real de competencia entre los fueros, lo que fue respaldado por Rafecas en su fallo.
Rafecas destacó que la Cámara Federal de Apelaciones ya había ratificado en dos ocasiones, en septiembre y diciembre de 2024, que la causa debía seguir su curso en Comodoro Py. El magistrado enfatizó que esta decisión se basó en hechos concretos, incluyendo la ocurrencia de los episodios denunciados durante el tiempo en que Fernández estaba en funciones y bajo su autoridad.
A pesar de este avance, la defensa del ex presidente aún tiene un recurso pendiente que podría cambiar el rumbo del caso. En octubre de 2025, Fernández presentó un extenso escrito de 187 páginas en el que solicita la nulidad total de la investigación, cuestionando la imparcialidad del juez Julián Ercolini, quien estuvo a cargo del expediente desde su inicio. La defensa se apoya en un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que Ercolini debía ser apartado por un vínculo personal con el imputado que podría comprometer la objetividad del proceso. Sin embargo, la resolución de este planteo aún está en espera, lo que añade un elemento de incertidumbre a un caso ya complejo y de gran repercusión mediática.
