La trágica muerte de Ángel López, un niño de 4 años ocurrida en Comodoro Rivadavia, ha provocado un fuerte revuelo en la sociedad argentina y ha puesto en el centro de la controversia al juez Pablo José Pérez. Este magistrado fue el encargado de decidir que el pequeño regresara a vivir con su madre, Mariela Altamirano, quien en la actualidad es considerada sospechosa en la investigación que busca esclarecer las circunstancias que rodearon su deceso. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia que determinarán si hubo un homicidio, los antecedentes familiares y judiciales emergen como elementos cruciales en este complejo caso.
La muerte de Ángel se produjo el lunes por la noche en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde fue ingresado en estado crítico tras ser llevado por su madre y su pareja. Según la versión de Altamirano, el niño no respiraba y, frente a la urgencia de la situación, buscaron asistencia médica. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, el niño falleció tras más de 24 horas en terapia intensiva. En su declaración, la madre insistió en su inocencia, afirmando: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Sin embargo, las palabras de la madre no logran calmar las dudas que rodean el caso.
El padre de Ángel, Luis López, ha manifestado su profundo dolor y frustración, señalando que su hijo siempre había mostrado un deseo claro de estar con él. En declaraciones a la prensa, López expresó: “A Ángel lo mataron. Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada”. El padre también compartió un video en el que se puede ver al niño llorando porque no quería regresar a la casa de su madre, lo que añade un elemento perturbador a la narrativa familiar y judicial que rodea el caso.
En medio de esta tormenta emocional, el juez Pérez decidió restituir la tenencia del niño a su madre, un fallo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial para proteger a los menores en situaciones de riesgo. La decisión se tomó en el marco de un proceso de revinculación que, según se argumentó, buscaba fomentar el vínculo entre madre e hijo. Sin embargo, la trágica muerte de Ángel ha puesto en tela de juicio la eficacia y el criterio de las decisiones judiciales en contextos de violencia familiar.
Pablo José Pérez, un juez de perfil bajo nacido en Comodoro Rivadavia hace 42 años, asumió el cargo de juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia en octubre de 2022 y actualmente ocupa el Juzgado de Familia N°4. Aunque su trayectoria profesional incluye participaciones en convocatorias para adopciones y capacitaciones junto a otros magistrados, su nombre no había estado vinculado a casos de gran notoriedad hasta este lamentable suceso.
La atención se ha centrado no solo en la decisión de Pérez, sino también en el contexto más amplio de la violencia familiar y la justicia en Argentina. La acordada de su nombramiento indica que Pérez cumplió con todos los requisitos del concurso público para el cargo y recibió el visto bueno del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut. Sin embargo, tras la muerte de Ángel, la comunidad se pregunta si se evaluaron adecuadamente los riesgos asociados a la tenencia del niño en un entorno familiar conflictivo.
La revelación de detalles sobre el estado de salud de Ángel antes de su muerte ha llevado a muchos a cuestionar la narrativa presentada por la madre. Luis López ha sostenido que su hijo estaba sano, lo que contrasta con las afirmaciones de maltrato que han surgido a raíz del caso. La pareja de López no ha dudado en calificar a Altamirano como “asesina” y ha exigido justicia, responsabilizando a la madre y al sistema judicial por lo que consideran una falta de protección hacia el niño. Este caso, cargado de emociones y tragedia, resuena en un país que lucha por encontrar soluciones eficaces para proteger a los más vulnerables en situaciones de violencia y riesgo familiar.
