El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia (COSDEP) aprobó este miércoles cuatro proyectos destinados a reforzar la respuesta estatal frente al crimen organizado. Entre las iniciativas se incluye un nuevo marco normativo para habilitar la movilización de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales. Los textos serán analizados por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y luego remitidos a la Asamblea Legislativa.
El presidente del COSDEP y del país, Rodrigo Paz, sostuvo que las propuestas buscan dotar al Estado de una “herramienta adicional” para enfrentar a grupos que pueden recurrir a distintas fuentes ilícitas. En ese sentido, mencionó actividades vinculadas con los narcóticos, la producción ilegal en la minería y otras operaciones.
Durante la presentación de los proyectos, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que la respuesta estatal debe adecuarse al funcionamiento de las organizaciones criminales. Según explicó, esas estructuras no se limitan al transporte de droga, sino que también pueden contar con logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y capacidad para ejercer violencia.
Justiniano detalló que la primera iniciativa corresponde a una ley de Seguridad y Defensa. La segunda apunta a establecer una coordinación estratégica del COSDEP con el Estado, mientras que la tercera propone crear un sistema de inteligencia que permita anticiparse a las organizaciones criminales. La cuarta contempla una norma para establecer una herramienta excepcional frente a este tipo de estructuras.
