En una semana desde la implementación del nuevo toque de queda en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha anunciado cifras alarmantes en la lucha contra la criminalidad. En total, se han registrado 1.735 arrestos, además de la incautación de numerosas armas de fuego, municiones y drogas en diferentes operativos realizados en varias provincias. Este toque de queda, que restringe la circulación de personas entre las 23:00 y las 05:00, comenzó el pasado 3 de mayo y se extenderá hasta el 18 de mayo, abarcando regiones críticas donde operan bandas criminales.
Las provincias más afectadas por esta medida son Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como ciertos cantones como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. Las autoridades han reportado que la mayoría de los detenidos fueron arrestados por incumplir el toque de queda, aunque también se han llevado a cabo capturas por delitos más graves, que incluyen el tráfico de drogas, extorsión y tenencia ilegal de armas. Informes de medios locales indican que el pasado sábado se realizaron 91 arrestos en Quito, lo que refleja la tensión en la capital ecuatoriana.
Desde su primera noche de aplicación, el toque de queda ha demostrado ser una herramienta de choque para las autoridades. En esa primera jornada, se registraron 124 arrestos, de los cuales 119 corresponden a personas que desobedecieron la restricción nocturna. Sin embargo, el número de detenciones ha aumentado significativamente en el transcurso de la semana, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación de seguridad en el país. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos, realizando allanamientos y controles en áreas identificadas como puntos críticos para el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Además de las detenciones, los operativos han resultado en la incautación de armamento, motocicletas y vehículos que se presume eran utilizados por grupos delictivos, así como dinero en efectivo y sustancias controladas. Aunque el gobierno no ha proporcionado cifras exactas sobre el número de armas decomisadas, se ha señalado que estos operativos han sido diseñados para desarticular las redes del crimen organizado que operan con impunidad en varias provincias del país.
El propósito del toque de queda, según el gobierno, es reducir la capacidad operativa de las bandas criminales y facilitar una colaboración más eficaz entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, una medida que Noboa justificó al calificar a varias organizaciones delictivas como terroristas. Este nuevo toque de queda es el segundo que se aplica en 2026 y el séptimo desde que el presidente asumió el cargo en noviembre de 2023.
La crisis de seguridad en Ecuador es profunda y compleja. Durante el primer trimestre de 2026, el país reportó más de 2.000 muertes violentas, y el año 2025 se consolidó como el más violento de la historia reciente, con más de 9.000 homicidios. En este contexto, el gobierno defiende el toque de queda basándose en los resultados de un operativo previo en marzo de 2026, que, según sus afirmaciones, logró reducir los homicidios en un 30% durante la madrugada. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan si estas medidas de emergencia son suficientes para enfrentar un problema que ha crecido de manera exponencial en los últimos años.
