La Policía de la Ciudad ha llevado a cabo una operación significativa en el barrio de Belgrano, donde se logró el secuestro de 137 bultos repletos de prendas de vestir de reconocidas marcas internacionales. La mercadería, cuyo valor total supera los 150 millones de pesos, fue ingresada al país de manera ilegal desde Chile, dejando al descubierto una compleja red de contrabando que operaba en la zona.
El operativo se llevó a cabo en un local comercial situado en la calle Monroe al 2500, tras una exhaustiva investigación de dos meses por parte de las fuerzas de seguridad. Este trabajo fue realizado por la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad y la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), que identificaron al establecimiento como un punto de distribución de ropa que, aunque se anunciaba como usada, era en realidad nueva y de primeras marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister.
Durante el procedimiento, se constató que el local ofrecía una amplia variedad de productos, desde ropa deportiva como calzas y camisetas de fútbol, hasta abrigos y chombas. Además, el comercio utilizaba sus redes sociales para promocionar estas prendas, ofreciendo descuentos y eventos especiales. Sin embargo, la investigación reveló que detrás de esta fachada se escondía un negocio ilícito que hacía uso de etiquetas originales para disfrazar el verdadero origen de la mercadería.
El ciberpatrullaje desempeñó un papel crucial en esta operación. A través de esta técnica, los investigadores pudieron rastrear la actividad en las redes sociales de la empresa, donde se publicitaban productos de “primera, segunda y tercera calidad”. A pesar de la clasificación, las prendas contaban con etiquetas que indicaban su autenticidad, lo que evidenció la falta de legalidad en su ingreso al país.
Los detalles de la investigación revelaron que las prendas eran traídas sin la documentación aduanera correspondiente. El local era operado por dos ciudadanos argentinos, quienes no solo carecían de los certificados necesarios para realizar movimientos aduaneros, sino que también no contaban con habilitación comercial ni un sistema de facturación adecuado, lo cual es fundamental para la legalidad de cualquier negocio en Argentina.
A raíz de esta denuncia presentada por la UTOJ, el Juzgado Penal y Económico N° 8, bajo la dirección del juez Gustavo Meirovich, autorizó el allanamiento del comercio. Durante la inspección, los efectivos de la Policía y de ARCA requisaron una extensa cantidad de ropa importada, todos los artículos confiscados carecían de la documentación necesaria para su venta legal.
Como resultado del operativo, se decidió el secuestro no solo de toda la mercadería, sino también de documentos y dispositivos electrónicos que podrían ser relevantes para el avance de la causa. La investigación continuará en el marco de la Ley 22.415, conocida como Ley de Contrabando, mientras se lleva a cabo un análisis detallado de los elementos incautados en el local. Este caso resalta la necesidad de una vigilancia más estricta sobre el comercio informal y el contrabando, que afecta tanto a la economía formal como a los consumidores en general.
