La situación de una mujer de 35 años que ha denunciado a un grupo de policías en Córdoba por abuso de autoridad ha empeorado considerablemente tras recibir una amenaza explícita en las últimas horas. Este mensaje intimidatorio, que decía "Levantá la denuncia xq vas a ser persona muerta hija de puta", fue escrito a mano en una hoja de tamaño A4 y ha llevado a la denunciante a solicitar protección urgente de las autoridades judiciales. La denuncia por abuso de autoridad se presentaba en un contexto ya complejo, y ahora se suma un riesgo adicional para la integridad física de la mujer.
El abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, ha manifestado que su clienta se encuentra "tremendamente asustada" ante la gravedad de la amenaza recibida. En este sentido, ha solicitado a la Justicia que se tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad, incluyendo una investigación exhaustiva sobre el origen de la amenaza y la disposición de una vigilancia policial continua. A pesar de las circunstancias adversas, la mujer se mantiene firme en su decisión de seguir adelante con la denuncia, lo que podría ser un acto de valentía frente a un sistema que parece amedrentar a las víctimas.
La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, está a cargo del caso de abuso de autoridad y ha indicado que la nueva amenaza se está investigando en la jurisdicción de Colonia Caroya, donde reside actualmente la afectada. Este nuevo hecho no solo será tratado como una amenaza, sino que también se incorporará al expediente principal como un elemento de riesgo procesal, evidenciando el contexto de amedrentamiento que rodea a la denunciante. Hasta el momento, la causa original permanece en etapa preliminar, lo que plantea interrogantes sobre la celeridad y efectividad de la respuesta judicial ante situaciones tan delicadas.
En el marco de la investigación por abuso de autoridad, ya se han tomado medidas concretas, como el secuestro de los teléfonos celulares de tres de los policías involucrados. Estos dispositivos serán objeto de peritaje para determinar si existen comunicaciones que puedan estar relacionadas con los hechos denunciados. A su vez, la fiscalía ha comenzado a tomar testimonios de personas que estaban presentes en la comisaría en el momento de la denuncia, y algunos de ellos han descrito un ambiente de "prepotencia" por parte de los efectivos señalados, lo que complica aún más la situación para los acusados.
Un aspecto que ha generado controversia es la forma en que la mujer fue citada por las autoridades. Inicialmente, se la convocó como testigo, pero luego se la trató como sospechosa, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos acerca de los procedimientos utilizados. Fuentes cercanas al caso han indicado que el secretario de la comisaría no estaba al tanto de dicha convocatoria, lo que añade un nivel de confusión y falta de transparencia a la situación.
A pesar de la gravedad del caso, este lunes se llevó a cabo una movilización en San Francisco de Chañar, donde vecinos, familiares y compañeros de los policías denunciados expresaron su apoyo a los efectivos. Se considera que la acusación es injusta y se solicitó una revisión del caso, lo que refleja la polarización social en torno a este tema. En un principio, la investigación abarcaba a cuatro efectivos, pero una oficial mujer fue apartada debido a que se comprobó que no estaba presente en la comisaría el día de los hechos. Hasta el momento, no se han formalizado imputaciones, y la causa sigue investigándose como un presunto abuso de autoridad, en un contexto que cada vez se torna más complicado.
