El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar los restos de 17 personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura militar en Argentina. Estos restos fueron encontrados en el centro clandestino de detención conocido como La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba, un lugar que se ha convertido en un símbolo del horror de esa época. La confirmación de estas identidades, anunciada en una reciente conferencia de prensa, representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia para las familias afectadas que han estado esperando respuestas durante décadas.
Los restos fueron descubiertos en el área de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde operó uno de los principales centros de detención ilegal del país entre los años 1975 y 1978. Durante este oscuro período, miles de argentinos, muchos de ellos militantes políticos y sociales, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. La identificación de estos 17 desaparecidos aporta nuevas certezas a los familiares que han luchado incansablemente por conocer el destino de sus seres queridos, cuyas historias han estado marcadas por la incertidumbre y el dolor.
La conferencia de prensa, organizada por el EAAF y el Juzgado Federal N°3, permitió revelar las identidades de las víctimas, incluidas tres parejas que fueron secuestradas juntas. Uno de los casos más conmovedores es el de Silvia Felipe y Luis Mónaco, originarios de Villa María y Córdoba, quienes fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Silvia, una psicóloga de 27 años, dejó a su hija de tan solo 25 días al cuidado de sus abuelos, mientras que su compañero, Luis, era un periodista y camarógrafo que fue capturado el mismo día. La hija de la pareja, presente en la conferencia, expresó su emoción: “Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad.”
Otro caso significativo es el de Nélida Noemí Moreno Maza, una psicopedagoga de 32 años que fue secuestrada junto a su esposo, José Luis Goyochea Escudero, en presencia de sus hijos. Ambos eran trabajadores del Estado provincial y sus desapariciones han dejado una huella profunda en sus familias. Rosa Cristina Godoy, originaria de San Luis, y su esposo Carlos Crupeire, también fueron secuestrados ante la mirada de su hija pequeña, quien fue entregada a sus abuelos. Ambos tenían apenas 24 años al momento de su captura, lo que resalta la juventud y el potencial truncado de estas vidas.
El descubrimiento de estos restos y la confirmación de las identidades representan un avance crucial en el camino hacia la verdad y la justicia que las familias han demandado durante casi medio siglo. Este proceso no solo brinda respuestas a los familiares, sino que también abre nuevas líneas de investigación que podrían esclarecer aún más los crímenes cometidos durante la dictadura. La colaboración entre la justicia federal, el EAAF y el esfuerzo conjunto de los familiares ha sido fundamental para lograr estos avances.
La identificación de los desaparecidos en La Perla se llevó a cabo gracias a un minucioso análisis antropológico de los restos óseos recuperados en 2025. Este esfuerzo se suma a otros avances logrados previamente, entre los que se encuentran la identificación de 16 personas en marzo de este año. Sin embargo, es importante señalar que, por solicitud de una de las familias, uno de los nombres no fue difundido, lo que refleja la sensibilidad y el respeto que se debe tener en estos casos.
Graciela María de los Milagros Doldán, una abogada y militante peronista nacida en 1941, es otra de las identidades recientemente confirmadas. Fue secuestrada en su domicilio a la edad de 34 años. Su historia, como la de muchas otras víctimas, es un recordatorio del contexto político y social en el que se desarrollaron los hechos más oscuros de la historia argentina. El reconocimiento de estas identidades no solo se traduce en un acto de justicia, sino que también representa un homenaje a la memoria de aquellos que sufrieron y continúan sufriendo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
