Delfina "Fini" Lanusse, residente de anestesiología, y Hernán Boveri, anestesista, han unido fuerzas en su defensa ante la justicia tras ser procesados por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano. Ambos profesionales han presentado argumentos similares en sus solicitudes de sobreseimiento, descalificando las acusaciones que los involucran y alegando que las pruebas en su contra son insuficientes y se basan en meros rumores.
A pesar de contar con distintos equipos legales, los escritos presentados por Lanusse y Boveri ante el juez Javier Sánchez Sarmiento comparten varios puntos clave. En ellos, sostienen que el caso carece de evidencias concretas que respalden la acusación de administración fraudulenta. También señalan que sus declaraciones realizadas durante una reunión con la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA) fueron utilizadas de manera ilegítima, argumentando que la información obtenida en ese contexto no debería ser considerada válida en su contra.
Los abogados de Lanusse han resaltado la falta de especificidad en las acusaciones. Según su defensa, el juez no ha podido identificar hechos concretos, fechas o lugares que demuestren un desvío de insumos del hospital. Al respecto, argumentan que el razonamiento judicial se basa en la posibilidad de que el sistema pudiera ser vulnerado, lo cual no constituye un fundamento suficiente para procesar a alguien, ya que no se ha demostrado que realmente haya ocurrido el hecho en cuestión.
Por su parte, Boveri ha criticado abiertamente el origen de la causa, que se inició a partir de una serie de rumores y testimonios de personas que no estuvieron presentes en los supuestos hechos delictivos. Su defensa sostiene que tanto su relación con Lanusse, que se ha calificado como "oculta", como el caso en general, adolecen de suficientes pruebas que sustenten las acusaciones. En este sentido, Boveri argumenta que, ante la falta de evidencia contundente, debería dictarse la falta de mérito.
En sus escritos, ambos denunciantes han hecho hincapié en la reunión con la AAARBA, que, según ellos, fue presentada como un espacio de asistencia por un presunto consumo problemático, pero que en realidad se convirtió en una sesión de interrogatorio. Esto ha llevado a Lanusse a calificar el encuentro como un abuso de confianza, ya que asistieron con la expectativa de que la información compartida sería confidencial.
El último escrito de defensa de Lanusse expresa con claridad que la reunión fue transformada en un procedimiento de recolección de información que podría ser utilizada en su contra. Tanto ella como Boveri han reclamado la falta de registros escritos, grabaciones o constancias documentales que validen lo ocurrido durante esa reunión, lo que refuerza su argumento sobre la debilidad de la acusación.
El caso ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de cómo se han obtenido las pruebas y la ética de los procedimientos utilizados por las instituciones involucradas. En un contexto donde la acusación se basa en conjeturas y rumores, la defensa de Lanusse y Boveri busca demostrar que no se ha cumplido con el estándar legal necesario para sostener un procesamiento, lo que podría llevar a la anulación de los cargos en su contra.
En conclusión, la defensa de los dos anestesistas pone en tela de juicio la solidez del caso en su contra, planteando que la falta de pruebas concretas y el uso de testimonios cuestionables son elementos que deberían llevar a la justicia a reconsiderar su posición y, eventualmente, a dictar el sobreseimiento de ambos profesionales.
