La Cámara Federal de Córdoba decidió mantener la prisión preventiva de cuatro individuos implicados en el caso del secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende, un joven que fue encontrado sin vida el 21 de agosto de 2022 en la localidad de Villa Dolores. Los acusados, identificados como Lucas Ramón 'Tití' Flores, Matías Nahuel 'Mini' Castro y Reinaldo Rubén 'Zurdo' Rejas, enfrentan cargos por secuestro extorsivo agravado, además de robo, ya que se les atribuye haber despojado a la víctima de sus pertenencias, incluyendo su teléfono móvil, billetera y documento de identidad.
El tribunal también ratificó embargos por un total de 30 millones de pesos sobre los bienes de Flores, Castro y Rejas, en un intento de asegurar la reparación futura a las víctimas. La acusación, liderada por los fiscales Maximiliano Hairabedian y María Schianni, sostiene que los procesados formaron parte de una organización delictiva destinada a llevar a cabo el secuestro y posterior asesinato de Aguilera, lo que añade un contexto de criminalidad organizada al caso.
La investigación ha revelado que la planificación del secuestro tuvo lugar en un taller mecánico de Villa Dolores, que estaba a cargo de Rejas y su hijo. Este lugar se utilizó estratégicamente para coordinar las acciones delictivas, evitando el uso de teléfonos para no dejar rastro de las comunicaciones. El fallo judicial indica que el joven fue entregado a sus captores en la zona de Piedra Pintada en la noche del 16 de agosto de 2022, lo que marca un punto clave en la cronología de los hechos.
El análisis de las comunicaciones telefónicas ha sido fundamental para establecer la conexión entre los acusados y los lugares relevantes en la investigación. Los registros de telefonía móvil identificaron las líneas de Flores, Castro y Rejas en los momentos previos y posteriores al secuestro, así como en el lugar donde fue hallado el cadáver de la víctima. Santiago Aguilera Allende sufrió una muerte violenta, siendo asesinado a golpes y con heridas de arma blanca en el tórax y el cráneo, lo que sugiere un acto de brutalidad extrema.
Frente a los planteos defensivos, la Cámara rechazó las objeciones y consideró que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la existencia de los hechos denunciados y la responsabilidad penal de los acusados. Además, el tribunal justificó la prisión preventiva como una medida necesaria para prevenir posibles obstrucciones a la justicia y garantizar la continuidad del proceso judicial.
Santiago, quien contaba con apenas 18 años y era oriundo de Villa Dolores, fue secuestrado tras haber intercambiado mensajes con Walter Ezequiel Gil, empleado de la familia. Gil, quien confesó su participación en el hecho, había pactado una reunión a través de mensajes, lo que facilitó la captura del joven. Durante el tiempo que duró el secuestro, la madre de Santiago recibió mensajes de los captores, quienes exigieron un rescate de 7 millones de pesos, pero la familia quedó a la espera de una nueva comunicación que nunca llegó. Finalmente, el cuerpo de Santiago fue encontrado en un descampado en Traslasierra, Córdoba, con signos de tortura que fueron evidenciados en el informe forense, que señaló múltiples heridas en manos y cuerpo, sugiriendo que el joven sufrió maltratos durante su cautiverio.
La Fiscalía ha identificado a Walter Ezequiel Gil como el principal implicado en el caso y ha solicitado su prisión preventiva como parte de las acciones judiciales que se siguen. Este caso resalta no solo la gravedad del crimen ocurrido, sino también la necesidad de abordar la violencia y el crimen organizado en la región, planteando interrogantes sobre la seguridad y la justicia en la comunidad.
