La reciente ola de amenazas de tiroteo en instituciones educativas de Salta ha llevado a la Justicia a tomar decisiones drásticas. Cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad, han sido imputados por intimidación pública en un contexto que ha generado una creciente preocupación en la comunidad escolar. Este fenómeno de violencia escolar, que ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos, ha encendido la alarma entre padres, docentes y alumnos, quienes exigen respuestas y medidas efectivas para garantizar la seguridad en las escuelas.
La fiscalía penal, liderada por Horacio Córdoba Mazuranic, ha actuado con celeridad ante la situación. Tras el descubrimiento de inscripciones amenazantes en el baño del Colegio Walter Adet, se procedió a imputar a un adolescente de 17 años y a dos jóvenes de 18 y 19 años. Estos mensajes, que aludían a actos de violencia, generaron un clima de temor en la institución educativa, lo que obligó a las autoridades a intervenir de inmediato. La seriedad de estas amenazas ha llevado a que se inicien investigaciones profundas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Con el aval del Juzgado de Garantías 5, que preside el juez Pablo Zerdán, se realizaron allanamientos en diversas viviendas ubicadas en los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. Durante la audiencia de imputación, los jóvenes se presentaron con defensa legal y expusieron sus versiones sobre los hechos. La Fiscalía ha solicitado que se mantenga la detención de los imputados mientras continúan las investigaciones, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la voluntad del sistema judicial de abordar este tipo de delitos con firmeza.
La Policía de Salta ha reiterado que los mensajes intimidatorios, ya sean escritos en los muros de las escuelas o enviados a través de plataformas digitales, son considerados delitos. En este sentido, también se ha señalado que los padres o tutores de los menores pueden ser considerados responsables por los actos de sus hijos, lo que implica una responsabilidad compartida en la prevención de la violencia escolar. Este aspecto ha generado un debate sobre la necesidad de fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado tanto en el hogar como en el ámbito educativo.
Las medidas que pueden aplicarse a los menores involucrados en estos casos son variadas e incluyen desde tratamientos tutelares hasta restricciones a la libertad ambulatoria. En situaciones más graves, se contempla la posibilidad de internación en instituciones especializadas. La privación de la libertad es considerada un recurso extremo y solo se aplica cuando no existen otras alternativas menos severas. Por otro lado, aquellos jóvenes que superen la edad de 18 años y sean hallados culpables podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre los dos y seis años, lo que subraya la seriedad con la que se toman estos delitos en el sistema judicial argentino.
En un caso paralelo, la fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, ha imputado a un adolescente de 16 años por un incidente violento en el Colegio Secundario Técnico República de la India. Este joven, que se presentó junto a su madre y con la asistencia de un defensor oficial, admitió su participación en el hecho y expresó su arrepentimiento, argumentando que no había comprendido la magnitud de su conducta. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar programas de concientización y prevención en las escuelas.
Con la autorización judicial y el consentimiento de la madre del adolescente, se llevó a cabo un allanamiento en su domicilio para buscar pruebas relacionadas con el caso. Este tipo de procedimientos son fundamentales para garantizar que se cuente con toda la información necesaria para tomar decisiones justas y adecuadas. Actualmente, el joven permanece en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley, un lugar que busca brindar la contención y el tratamiento necesarios para su reinserción social y educativa.
