La tensión en el servicio de subtes de Buenos Aires se intensifica a raíz de un nuevo reclamo por parte de los trabajadores, que este lunes decidió levantar los molinetes en la línea B durante las horas pico. La acción, coordinada por la representación gremial de Metrodelegados, busca visibilizar las demandas por mejores condiciones laborales y la restitución de salarios que, según denuncian, han sido objeto de descuentos injustificados en los últimos meses.
La medida se llevará a cabo el 11 de mayo, en la estación Federico Lacroze, un punto clave en la red de subte porteña, de 7 a 8 horas. Esta protesta replica una acción similar realizada el 27 de abril, evidenciando la persistencia del conflicto entre los trabajadores de subte y la empresa concesionaria Emova. Los empleados exigen no solo la revisión de los descuentos aplicados a sus salarios, que han llegado a ser de hasta 30 días, sino también que se garantice un servicio más seguro y eficiente para los usuarios.
En un comunicado, el sindicato Metrodelegados describió la situación como un proceso fraudulento que afecta a decenas de trabajadores, incluyendo delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo. Según la representación gremial, los descuentos no solo son ilegales, sino que también buscan amedrentar a los empleados para que cesen sus exigencias en pos de un subte más accesible y seguro. Esta situación se agrava por la presencia de asbesto en las instalaciones, un problema que ha sido señalado en reiteradas ocasiones y que añade un componente preocupante a las condiciones laborales.
La tensión se ve reflejada en las sanciones que ha recibido Emova por parte del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. Entre abril y mayo, la empresa ha enfrentado 35 sanciones relacionadas con la seguridad en las estaciones, la accesibilidad de las salidas de emergencia y el incumplimiento de reparaciones necesarias. Ante estas acusaciones, Emova se defendió asegurando que los descuentos por inasistencias solo aplican a aquellos días en que los empleados no cumplieron con su horario laboral, una afirmación que ha sido cuestionada por los trabajadores.
El conflicto ha crecido en complejidad con la reciente denuncia penal contra 171 empleados de subte por parte de la empresa, bajo la acusación de asociación ilícita. Esta acusación surge a raíz de las acciones gremiales llevadas a cabo durante 2024 y 2025, y ha sido interpretada por los sindicalistas como una forma de persecución política. En este sentido, el secretario general de Metrodelegados, Néstor Segovia, ha señalado que la respuesta de la empresa ante las demandas laborales es desproporcionada y busca silenciar a quienes luchan por sus derechos.
La situación actual en el subte de Buenos Aires no solo refleja las tensiones entre la empresa y sus trabajadores, sino que también pone de relieve las dificultades que enfrenta el sistema de transporte público en la ciudad. A medida que los trabajadores continúan con sus reclamos, el impacto en los usuarios se vuelve evidente, generando un llamado a la acción para que se busquen soluciones rápidas y efectivas que beneficien a todas las partes involucradas. La resolución de este conflicto es crucial no solo para la estabilidad laboral de los trabajadores, sino también para asegurar un servicio de transporte público que funcione de manera óptima en una ciudad que depende en gran medida de él.
