La causa judicial que involucra al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar y herir al fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en marzo de 2025, ha dado un paso significativo al ser elevada a juicio oral. El Juzgado Federal 1, bajo la dirección de la jueza María Servini, concluyó la etapa de instrucción y remitió el expediente al Tribunal Oral Federal 6. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad en el ejercicio del derecho a la protesta, especialmente en eventos que congregan a un gran número de ciudadanos.
El caso se centra en el incidente ocurrido en las cercanías del Congreso durante una marcha de jubilados, donde las fuerzas de seguridad, entre ellas Guerrero, se encontraban desplegadas para controlar la situación. A partir de este episodio, la jueza Servini ha tomado la decisión de enviar las actuaciones a la Cámara de Casación Penal, tras recibir apoyo tanto de la fiscalía como de la querella para avanzar hacia un juicio oral. Este paso es crucial, ya que permite que se examine en profundidad no solo las acciones del gendarme, sino también la posible implicación de otros efectivos que participaron en el operativo de seguridad.
En este sentido, Guerrero enfrenta graves acusaciones que incluyen “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad” y “abuso de armas agravado”. De acuerdo con informes periciales, se determinó que el gendarme disparó en seis ocasiones sin que existiera una situación que justificara su actuación violenta, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la normativa que rige el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Estos hechos han reavivado las críticas sobre el comportamiento de las fuerzas del orden en manifestaciones, donde la línea entre el control de multitudes y el abuso de poder a menudo se torna difusa.
El fiscal federal Eduardo Taiano, encargado del caso, ha enfatizado que los disparos realizados por Guerrero fueron completamente antirreglamentarios. En su presentación, el fiscal argumentó que los gendarmes actuaron de manera desproporcionada y carecieron del juicio necesario para discernir la gravedad de su accionar. Este tipo de declaraciones subrayan la necesidad de una revisión de los protocolos de actuación en situaciones de protesta, así como la formación que reciben los agentes de seguridad en el uso de armamento, especialmente en contextos donde la vida de civiles puede estar en riesgo.
La gravedad de las lesiones sufridas por Pablo Grillo, quien fue impactado por una granada de gas en la cabeza, ha llevado a que su situación de salud sea monitoreada de cerca. Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde se le diagnosticó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, lo que evidencia la peligrosidad de las acciones del gendarme. Este tipo de incidentes pone de relieve no solo el impacto físico en las víctimas, sino también las implicaciones emocionales y psicológicas que sobrevienen tras eventos de esta naturaleza.
Por otro lado, la prohibición de salida del país que pesa sobre Guerrero hasta 2025 añade una dimensión más a este caso. Esta restricción se presenta como una medida cautelar que busca garantizar su presencia durante el proceso judicial. La atención de los medios y la sociedad civil sobre este juicio oral será clave para determinar cómo se desarrollarán los acontecimientos y si se establecerán precedentes en torno a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el uso de la fuerza en situaciones de protestas públicas.
