La problemática de la violencia policial en Brasil continúa siendo un tema de gran preocupación, especialmente en lo que respecta a la desproporcionada afectación que sufren las comunidades afrodescendientes. Un reciente informe de la Red de Observatorios de la Seguridad ha arrojado cifras alarmantes: en 2025, el 86,3% de los fallecidos en intervenciones de las fuerzas de seguridad eran personas negras. Esta situación pone de manifiesto un patrón de racismo estructural que persiste en el país, donde la violencia desmedida de las autoridades repercute de manera más severa en aquellos segmentos de la población históricamente marginados.

El estudio, titulado 'Piel Objetivo: entre Racismo y Letalidad' y realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), analizó datos provenientes de nueve de los veintisiete estados brasileños, incluyendo regiones críticas como Río de Janeiro y São Paulo. En total, se registraron 4.330 muertes vinculadas a acciones policiales en el año 2025, lo que representa un incremento del 6,4% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 4.068 muertes. Esta tendencia al alza en la letalidad policial es un indicativo claro de la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública en el país.

Entre las víctimas de estos operativos, 3.104 eran de origen afrobrasileño, lo que subraya una realidad inquietante: la población negra tiene, en promedio, cuatro veces más probabilidades de perder la vida a causa de la acción policial en comparación con sus pares blancos. Este dato se vuelve aún más alarmante en ciertos estados, como Pernambuco, donde el riesgo se multiplica por once, y en Río de Janeiro, donde el riesgo es seis veces mayor. Estos números evidencian una desigualdad que no solo se manifiesta en el ámbito social y económico, sino que se traduce en la vida y muerte de personas en el contexto de la violencia institucional.

El informe también destaca que la letalidad policial está estrechamente relacionada con la juventud de las víctimas. Un 64,8% de los fallecidos, es decir, 2.804 personas, tenían menos de 29 años, lo que incluye a 310 niños y adolescentes. Este dato pone en evidencia una tragedia generacional, donde los jóvenes, especialmente aquellos que pertenecen a comunidades afrodescendientes, se encuentran en la línea de fuego de una violencia que parece ser sistemática y que ignora la dignidad humana.

Los autores del estudio sostienen que, a pesar de los cambios en la dinámica de la violencia en Brasil, el perfil de las víctimas se mantiene. Hombres jóvenes y negros continúan siendo el blanco preferido de las intervenciones policiales, una constatación que invita a la reflexión sobre las políticas de seguridad pública y el racismo que las subyace. La falta de medidas efectivas que aborden estas desigualdades perpetúa un ciclo de violencia que afecta la estabilidad social y la confianza en las instituciones.

Finalmente, el informe también menciona que la expansión de organizaciones criminales en el norte y nordeste del país ha contribuido a esta situación, pero subraya que el racismo sigue siendo un factor fundamental para entender el impacto de la violencia policial en Brasil. Se hace evidente que una reforma integral en el sistema de seguridad es urgente para abordar no solo la criminalidad, sino también las profundas injusticias raciales que persisten en la sociedad brasileña, que clama por un cambio que garantice la vida y seguridad de todos sus ciudadanos.