La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) denominó “Caso Azul Celeste 3 de Enero” a una investigación que, según ese organismo, estaría relacionada con la llamada Operación Resolución Absoluta, señalada como el operativo mediante el cual Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron extraídos de Fuerte Tiuna. La causa es vinculada con una presunta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM), que habría reclutado a militares y funcionarios con acceso a información estratégica para obtener datos sensibles, realizar actos de sabotaje y desarrollar planes de desestabilización.
Por el expediente permanecen detenidas ocho personas que, de acuerdo con sus familiares, ni siquiera se conocían entre sí. Entre los acusados hay dos oficiales: uno retirado y otro en servicio activo. Ambos enfrentan cargos por traición a la patria y conspiración. Sus allegados sostienen que los procesados todavía no pudieron acceder al expediente judicial en el que se basan las imputaciones.
Alida Hernández, hermana del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, y Yuri Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, denunciaron que los dos militares fueron sometidos a torturas, desaparición forzada y tratos crueles durante su detención. También afirmaron que existen órdenes de captura contra otras personas presuntamente vinculadas con el caso, entre ellas el general Rodolfo José Camacho Rincones.
Según los testimonios de los familiares, después de que los detenidos rechazaran ser representados por defensores públicos, en julio se autorizó el ingreso de abogados privados al penal de El Rodeo I. La medida permitió que Hernández Rojas y Oria Arteaga contaran con representación legal particular, en el marco de una causa cuyo expediente, según sus allegados, aún no les habría sido facilitado.
