El pasado viernes, la violencia en Ecuador cobró una nueva víctima al asesinar a Adriana Arroyo, de 21 años, en el barrio Las Malvinas, ubicado en el sur de Guayaquil. La joven fue atacada a disparos cerca de su hogar, un hecho que ha generado conmoción y ha reavivado el dolor en su familia, que ya había sido marcada por la trágica muerte de su hermano, Steven Medina. Este menor, de apenas 11 años, fue detenido y asesinado en diciembre de 2024 por militares, un suceso que desató una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país.
La situación de inseguridad en la que se encuentra atrapado el barrio Las Malvinas es alarmante, según lo expresado por Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y representante de la familia Medina. Bastias señaló que el crimen de Adriana es un reflejo de la profunda crisis de criminalidad que afecta a la región y la falta de políticas efectivas de seguridad pública. Este nuevo asesinato no solo añade dolor a una familia ya devastada, sino que además pone de manifiesto la precariedad del sistema de justicia en Ecuador.
El caso que ha marcado la historia reciente del país, conocido como el caso Las Malvinas, se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores afrodescendientes fueron apresados de manera irregular por patrullas militares en las cercanías de un centro comercial. Los niños, Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron trasladados a una zona remota de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, donde se afirmaba que habían sido liberados. Sin embargo, el 24 de diciembre, sus cuerpos calcinados fueron hallados en esa misma área, revelando que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala, lo que desató una ola de indignación nacional e internacional.
El proceso judicial que siguió a este caso fue sin precedentes en el país. En diciembre de 2025, un tribunal condenó a once miembros de las fuerzas armadas a penas que oscilan entre 34 años y ocho meses de prisión, y otros cinco militares, que colaboraron con la justicia, recibieron sentencias menores. A pesar de estas condenas, el caso dejó al descubierto la impunidad que a menudo rodea las acciones de las fuerzas de seguridad en Ecuador, lo que genera desconfianza en la población.
En marzo de 2026, la Corte Constitucional reconoció oficialmente que los cuatro niños habían sido víctimas de desaparición forzada y ordenó al comandante de la Fuerza Aérea que ofreciera disculpas públicas, un acto que se considera un paso simbólico hacia la reparación del daño causado, aunque muchos en la sociedad ecuatoriana cuestionan la efectividad de tales medidas. La reciente muerte de Adriana Arroyo resalta la urgencia de abordar la violencia desmedida que persiste en el país, así como la necesidad de implementar reformas profundas en el sistema de seguridad y justicia.
Este trágico suceso coincide con la implementación de un nuevo toque de queda nocturno en varias provincias, entre ellas Guayas y Pichincha, que estará vigente hasta el 18 de mayo. Esta medida, que se aplica desde el domingo, busca contener la creciente ola de violencia en el país, que ha visto un incremento alarmante en las tasas de homicidio. En 2025, Ecuador reportó un total de 9.269 homicidios, un récord que refleja la complejidad de la crisis de seguridad que enfrenta el país, mientras que el primer cuatrimestre de 2026 ya suma 2.509 muertes violentas, lo que indica que la situación continúa empeorando.
