En una reciente operación policial, cuatro individuos fueron detenidos en Hong Kong bajo la acusación de vender publicaciones que, según las autoridades, contienen contenido sedicioso. Este hecho se produce en un clima de creciente represión hacia la libertad de expresión en la región, especialmente tras la implementación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional. La detención fue llevada a cabo por la Policía de Seguridad Nacional, que ejecutó una orden del Gobierno para disolver varias entidades asociadas al extinto diario Apple Daily, fundado por el magnate mediático Jimmy Lai.
Entre los arrestados se encuentra Pong Yat-ming, propietario de la librería independiente Book Punch, y tres empleadas del establecimiento. La acusación principal que enfrentan es la de “vender a sabiendas una publicación que tiene intención sediciosa”, un delito que puede acarrear penas de hasta siete años de prisión, con la posibilidad de aumentar a diez si se determina que hay colusión con fuerzas externas. Esta legislación, parte de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, permite a las autoridades llevar a cabo detenciones sin necesidad de presentar cargos formales durante un período de hasta 16 días, así como restringir el acceso a asistencia legal para los detenidos.
Entre los libros confiscados se encuentra 'El alborotador: cómo Jimmy Lai se convirtió en multimillonario, el mayor disidente de Hong Kong y el crítico más temido de China', escrito por Mark Clifford, exdirectivo de Next Digital, la empresa matriz de Apple Daily. La intervención de estas obras refleja la postura del Gobierno de Hong Kong hacia cualquier forma de disidencia o crítica, en un contexto donde el régimen ha intensificado su control sobre los medios de comunicación y la sociedad civil.
La reciente acción policial se produce en medio de un anuncio oficial que declaraba la disolución de Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y AD Internet Limited. Este cierre se enmarca en un proceso judicial en el que Jimmy Lai, junto a sus compañías, fue acusado de conspiración para colusión con potencias extranjeras y de imprimir y difundir publicaciones sediciosas. Un tribunal de Hong Kong declaró culpables a los acusados el 15 de diciembre del año pasado, resultando en una condena de 20 años de prisión para Lai y multas millonarias impuestas a las empresas involucradas.
Las autoridades hongkonesas han enfatizado que, tras la disolución, estas entidades son consideradas “organizaciones prohibidas” y se enfrentarán a severas sanciones por cualquier tipo de apoyo que se les brinde. Según la nueva legislación, aquellos que colaboren con estas organizaciones pueden enfrentar penas de hasta 14 años de prisión y multas que ascienden a un millón de dólares locales, equivalentes a aproximadamente 127.780 dólares estadounidenses. La implementación de estas medidas refleja el compromiso del Gobierno local con una política de cero tolerancia hacia lo que considera actividades subversivas.
La aprobación del Artículo 23, que tipifica delitos graves como traición y sedición, ha sido objeto de críticas tanto de organizaciones de derechos humanos como de gobiernos occidentales y la ONU, quienes argumentan que su amplitud representa una amenaza significativa para las libertades civiles en Hong Kong. No obstante, las autoridades sostienen que esta legislación es necesaria para cerrar las brechas legales que surgieron tras las masivas protestas de 2019, en un intento por restablecer el orden y la estabilidad en la región. A medida que la situación evoluciona, la comunidad internacional sigue con interés los desarrollos en Hong Kong, donde la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos se torna cada vez más desafiante.
