Tegucigalpa, 19 de marzo de 2025 - La situación de derechos humanos en Honduras sigue siendo alarmante, según el informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La titular del organismo, Blanca Izaguirre, presentó un documento que revela que durante el año pasado se registraron alrededor de 2.050 denuncias de ataques a la vida y la integridad personal, en un contexto marcado por la violencia sistemática, la impunidad y restricciones severas al espacio cívico. Este panorama revela que muchos hondureños continúan expuestos a un entorno hostil que pone en riesgo su seguridad y bienestar.
Entre las denuncias mencionadas, un total de 929 se relacionan con presuntas violaciones al derecho a la vida, mientras que 1.121 se centran en la integridad personal. Estas cifras evidencian que la violencia no solo persiste, sino que se manifiesta de múltiples formas, afectando especialmente a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Izaguirre enfatizó que, a pesar de la reducción de homicidios en el país, este aspecto no es suficiente para considerar que se ha logrado una garantía integral del derecho a la vida, ni que se han superado los factores estructurales que alimentan la violencia.
El informe fue entregado al presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, quien reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Durante la presentación, el mandatario anunció su intención de mejorar el presupuesto del Conadeh, que actualmente asciende a 116,6 millones de lempiras (aproximadamente 4,4 millones de dólares). Asfura declaró que la defensa de los derechos humanos no es solo un compromiso, sino una convicción fundamental para la consolidación de la democracia en el país.
Izaguirre también subrayó la relevancia de su informe al incluir un análisis de los principales hechos ocurridos en 2025 relacionados con el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Además, hizo un llamado a las instituciones para que no normalicen las violaciones que afectan la integridad del sistema democrático. En este sentido, el Conadeh recibió 1.359 quejas referidas a la falta de acceso a la justicia, lo que indica que la vulneración de derechos continúa más allá del hecho denunciado, prolongándose cuando la justicia resulta ineficaz o inaccesible.
Otro aspecto preocupante que se destaca en el informe es el deterioro del espacio cívico y mediático en Honduras. Se documentó un patrón de hostigamiento e intimidación hacia la prensa, con 208 denuncias por violaciones a libertades fundamentales. Estas agresiones no solo afectan a los periodistas, sino que también fomentan la autocensura y restringen el debate público. En un contexto donde proliferan las amenazas, campañas de desprestigio y violencia digital, se hace evidente la necesidad de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.
Finalmente, el informe menciona que al menos once defensores ambientalistas y dos periodistas fueron asesinados en 2025, lo que pone de manifiesto la grave conflictividad territorial y el debilitamiento institucional que enfrenta el país. Este alarmante número de incidentes de violencia, que llegó a 51, resalta la urgente necesidad de abordar la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que sigue siendo un campo de batalla en Honduras. La lucha por estos derechos esenciales no solo es vital para la supervivencia de comunidades enteras, sino que también es un indicador de la salud democrática y la protección de los derechos humanos en el país.
