El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que podría verse obligado a suspender la asistencia a 8,3 millones de personas debido a la reducción de la financiación internacional. El impacto alcanzaría programas esenciales de apoyo en algunas de las principales crisis de desplazamiento forzoso del mundo.
La advertencia figura en el informe “Protección erosionada: el coste humano de la falta de financiación”, que señala una caída de los fondos disponibles: pasaron de 5.200 millones de dólares —unos 4.583 millones de euros— en 2024 a 3.900 millones de dólares —cerca de 3.437 millones de euros— en 2025. A finales de julio de este año, el organismo había recibido apenas el 32% de los 8.500 millones de dólares —alrededor de 7.490 millones de euros— que necesita para cumplir sus objetivos durante el año.
La situación se produce mientras la cantidad de personas que requieren asistencia se encuentra en niveles históricamente altos. “Cuando faltan los recursos para registrar y documentar a las personas refugiadas, cuando cierran los espacios seguros o desaparecen los servicios de protección para la infancia, aumentan los riesgos a los que vuelven a estar expuestas estas personas: violencia, explotación y abusos”, afirmó Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de ACNUR.
Hyde también advirtió que la falta de recursos deja a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad. Según señaló, algunas pueden verse obligadas a desplazarse nuevamente en busca de seguridad, mientras que otras podrían convertirse en víctimas de redes de trata.
