Un nuevo proceso legal ha surgido en Colombia en relación al salario mínimo de 2026, luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela presentada contra su decisión de suspender el decreto que estableció el incremento salarial en diciembre pasado. La acción judicial fue interpuesta por José del Carmen Cuesta Novoa, quien sostiene que la suspensión afecta derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho al trabajo, la igualdad y el mínimo vital.
Cuesta Novoa argumenta que la suspensión del decreto afecta gravemente a aquellos que dependen del salario mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. En Colombia, millones de personas perciben este monto como su único ingreso mensual, lo que convierte a este tema en una cuestión de gran relevancia social y económica.
La controversia se origina en diciembre de 2025, cuando, ante la falta de consenso entre sindicatos y empresarios, el presidente Gustavo Petro estableció un aumento del 23% en el salario mínimo mediante el Decreto 1469. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió este aumento en febrero de 2026, argumentando que el gobierno no cumplió con los criterios técnicos y económicos establecidos por la ley. A pesar de que el gobierno emitió un nuevo decreto en respuesta, la situación sigue en litigio y el tribunal deberá decidir si la decisión de suspender el decreto original fue adecuada o no.
