La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha declarado este lunes que existen "elementos suficientes" que apuntan a la participación del exmandatario filipino Rodrigo Duterte en posibles crímenes de lesa humanidad. En esta declaración, se enfatizó que "quienes están en el poder no son inmunes a la ley".
El fiscal Mame Mandiaye Niang ha señalado que Duterte, de 80 años, podría haber estado indirectamente involucrado en ejecuciones masivas llevadas a cabo entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto en su rol como alcalde de Dávao como en su mandato presidencial. Se le atribuyen cargos por el asesinato de 78 personas, incluyendo menores, lo que representa solo una pequeña parte de los homicidios vinculados a la polémica "guerra contra las drogas" que, según las autoridades filipinas, dejó alrededor de 6.000 muertos.
El TPI estima que el número total de civiles muertos durante este periodo podría oscilar entre 12.000 y 30.000. "Hoy marca un hito en la búsqueda de justicia internacional y para el pueblo filipino", afirmó Niang. Este anuncio se produce en el contexto del inicio de audiencias que preceden al juicio de Duterte, aunque la corte permitió que el exmandatario se ausente de estas sesiones, a pesar de la oposición de la fiscalía y de los representantes de las víctimas.
