Un subinspector de la Policía Local de Granada se presenta este lunes ante el Juzgado de lo Penal 4, acusado de violar una orden de alejamiento impuesta en 2023 tras haber sido condenado por maltrato físico y psicológico a su expareja. Esta nueva audiencia se desarrolla a puerta cerrada y se centra en las denuncias de la víctima, quien sostiene que el agente quebrantó en varias ocasiones las restricciones impuestas, utilizando un dispositivo de localización electrónica que debía llevar consigo en todo momento.
La defensa del subinspector argumenta que los fallos en el dispositivo se deben a alteraciones accidentales, como situaciones en las que la pulsera se sumergía en el agua o se quedaba sin cobertura. Sin embargo, la Fiscalía considera que estas alteraciones son actos intencionales diseñados para causar angustia a la víctima, ya que la activación del sistema genera sonidos que le recuerdan situaciones de estrés.
Ante esta situación, el Ministerio Público solicita una multa de 5.400 euros y una indemnización de 3.000 euros a la víctima por daños morales. Por su parte, la acusación particular ha exigido la máxima pena posible, reclamando una multa de 7.200 euros y una compensación adicional de 6.000 euros, argumentando que el subinspector, por su formación profesional, era plenamente consciente de las implicaciones de sus acciones.
