La campaña ‘Stop Killing Games’ se encuentra en la etapa de elaboración de un extenso análisis jurídico de 500 páginas. Este documento se centrará en los retos y oportunidades legales que enfrenta la protección de los videojuegos como bienes culturales. La iniciativa, liderada por Ross Scott, tiene como propósito argumentar en contra del cierre de servidores que afecta tanto la disponibilidad como la conservación de estos productos. Para lograrlo, se crearán dos organizaciones no gubernamentales: una en Europa y otra en Estados Unidos.
El objetivo primordial de estas nuevas ONG será ejercer una presión constante sobre la industria del videojuego y promover cambios en la regulación que aseguren el acceso a los videojuegos, incluso después de que se interrumpa el soporte de los servidores. La campaña denuncia que muchas empresas comercializan videojuegos sin establecer una fecha de caducidad clara, lo que lleva a que, tras el cierre de los servidores, los usuarios pierdan el acceso a un producto que solo se ofrece bajo una licencia de uso y no como propiedad permanente.
En un video compartido en YouTube, Ross Scott explicó que la creación de estas organizaciones en diferentes continentes permitirá implementar acciones sostenidas a largo plazo, además de explorar la posibilidad de expandir sus actividades hacia otras regiones. Scott subrayó que esta estrategia internacional busca enfrentar lo que considera una práctica de “obsolescencia planificada”, que no solo perjudica a los consumidores, sino que también dificulta la preservación de los videojuegos como parte del patrimonio cultural digital.
