La trata de personas sigue siendo un problema grave en Perú, donde las estructuras estatales parecen no estar a la altura para abordar esta problemática. Organizaciones que analizan las políticas públicas han destacado las limitaciones del sistema estatal en términos de prevención, protección a las víctimas y sanciones a las redes criminales que operan en diversas regiones del país.
El X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas, elaborado por CHS Alternativo, pone de manifiesto las deficiencias en la estrategia estatal. El estudio revela que solo el 2% de las denuncias presentadas culminan en una sentencia condenatoria, una cifra alarmante que evidencia las dificultades para desmantelar las organizaciones que se dedican a esta actividad ilegal.
El informe también señala que la inestabilidad política en Perú, con cinco presidentes y diecisiete ministros del Interior desde 2021, impacta negativamente en la implementación de políticas de largo plazo contra el crimen organizado. Esta situación, junto con la escasez de recursos —solo se asignan 11 millones de soles anuales para combatir la trata, una cifra que representa menos del 1% de lo estimado por CHS Alternativo—, limita severamente la capacidad del Estado para proteger a las víctimas y ofrecerles los servicios necesarios para su reintegración.
