La Audiencia Nacional ha determinado que Francisco González, ex presidente del BBVA, tenía pleno conocimiento de las actividades ilegales del Grupo CENYT, dirigido por el excomisario José Manuel Villarejo, cuando decidió contratar sus servicios. El tribunal sostuvo que González era consciente de que la obtención de información a través de estos contratos violaba la legislación vigente y que involucraba a funcionarios policiales para acceder de forma ilícita a datos personales y bases de datos restringidas, afectando así los derechos fundamentales de las personas involucradas sin la debida autorización judicial.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 173 años de prisión para González, además de una multa de 181 millones de euros para el BBVA, en relación a la posible apertura de juicio por la contratación de Villarejo, quien trabajó para la entidad financiera entre 2004 y 2006. En su acusación, se le imputan delitos de cohecho activo y revelación de secretos a terceros. El procesamiento también incluye a otros exdirectivos del banco, lo que agrava la situación del caso.
La investigación concluyó en junio de 2024, tras un fallo del juez Manuel García Castellón que cerró la pieza separada 9 del denominado 'caso Villarejo'. El magistrado indicó que, junto a Villarejo y González, otros altos funcionarios del banco también deberán enfrentar juicio por las infracciones presuntamente cometidas. El auto judicial, que abarca 268 páginas, detalla que la relación entre el BBVA y Villarejo comenzó en 2002, cuando se contrató al excomisario Julio Corrochano, quien actuó como intermediario entre el banco y Villarejo, asegurando una total discreción en sus operaciones ilegales.
