La senadora Karen Manrique, objeto de una investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó de manera voluntaria ante la Sijín de la Policía en Tame, Arauca, el pasado 11 de marzo. A pesar de su entrega, hasta el 12 de marzo no se había concretado su captura formal, según lo indicado por su abogado, Andrés Garzón.
La Corte Suprema de Justicia había ordenado su prisión preventiva en el marco de un proceso por cohecho impropio, relacionado con la presunta desviación de alrededor de 92.000 millones de pesos en contratos del Estado. Esta decisión judicial activa la figura de la “silla vacía”, estipulada en la legislación colombiana, lo que implica que ningún otro miembro de su partido podrá asumir su curul, dejando al departamento de Arauca sin representación durante el resto de la legislatura, tras su reciente reelección con 5.640 votos.
La Corte también dictó la suspensión inmediata de Manrique en su cargo mientras se definen los pasos a seguir en su proceso judicial. La investigación sugiere que la senadora actuó como intermediaria entre el Gobierno nacional y el Congreso en negociaciones con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, supervisando contratos de la Ungrd para municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. La Fiscalía ha presentado pruebas, incluidas comunicaciones por WhatsApp, que demuestran su involucramiento en la contratación pública, mientras que su abogado ha confirmado que, aunque se presentó ante las autoridades, no se encuentra detenida a la espera de instrucciones de la Corte Suprema.
