El Gobierno español se encuentra atento a la guerra en Irán y su posible repercusión en la economía del país, afectando tanto a hogares como a empresas. Las acciones de Teherán contra las refinerías de Qatar y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial, han incrementado la tensión en el mercado energético. Los expertos advierten que este escenario podría traducirse rápidamente en incrementos en las facturas de gas y alimentos para los españoles.

En medio de este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a España sobre eventuales represalias comerciales debido a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a participar en acciones militares contra el régimen iraní. Por su parte, Sánchez ha manifestado que, gracias al buen rendimiento de la economía, el país tiene la capacidad necesaria para enfrentar tanto el aumento de los precios de la energía como las posibles consecuencias de las amenazas de Washington. El mandatario citó como referencia los decretos de emergencia impulsados durante la pandemia y tras el inicio del conflicto en Ucrania, los cuales tuvieron un impacto positivo en la contención de la crisis.

En este marco, el partido Sumar ha visto la ocasión propicia para proponer al sector socialista la inclusión de medidas del anterior escudo social que habían sido desechadas en las últimas prórrogas. Entre las propuestas se encuentra la reactivación del tope al gas, un mecanismo que permitió a España y Portugal desvincular su mercado eléctrico del gas durante los momentos más críticos de la crisis energética en 2022. La conocida como ‘excepción ibérica’, impulsada por Teresa Ribera, exministra y actual comisaria europea, generó un ahorro del 15% en las facturas de los consumidores. Además, se evalúa la posibilidad de aplicar la exención del IVA en productos más afectados por el aumento de precios, como el aceite de oliva, que ya fue aprobada en 2023. En lo que respecta al sector de la vivienda, Sumar busca reintroducir la congelación de alquileres para familias en situación de vulnerabilidad, una medida que ha sido objeto de debate interno, enfrentando la resistencia del ala socialista debido a cuestiones legales.