A pocos días de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció un operativo especial que involucra tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional. Este plan de acción no solo se enfocará en la seguridad física de los centros de votación, sino que también extenderá su vigilancia al ámbito digital, priorizando la protección de la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) ha activado sus recursos de ciberdefensa para salvaguardar los sistemas informáticos y la red de datos de la Registraduría, una entidad considerada crítica para el desarrollo de los comicios. Este esfuerzo busca proteger el proceso electoral de amenazas digitales, así como de cualquier intento de manipulación o interferencia que pueda comprometer la integridad de las elecciones.
Además, el Ministerio de Defensa ha señalado que se emplearán herramientas avanzadas de analítica de datos y ciberinteligencia para detectar patrones inusuales que puedan indicar delitos electorales en redes sociales y plataformas digitales. Para facilitar la comunicación de posibles irregularidades, se habilitará la línea gratuita 157, donde los ciudadanos podrán reportar, de manera confidencial, acciones que pongan en riesgo la transparencia del proceso electoral, incluyendo denuncias sobre compra de votos o amenazas. En este contexto, el ministro Sánchez Suárez también ha ofrecido recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir delitos electorales, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes.
