El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha denegado la petición de un ciudadano mexicano, quien buscaba regularizar su situación en España a través del arraigo familiar. La decisión se basa en la falta de un pasaporte vigente y un certificado de antecedentes penales actual, lo que impide que Carlos María acceda a la legalización de su estatus migratorio.
El hombre, que llegó a España el 4 de agosto de 2013, no ha abandonado el país desde entonces, pero su pasaporte caducó en 2016 y no logró obtener uno nuevo hasta 2023. Esta situación le impidió presentar documentos que evidenciaran su permanencia continua en España durante esos siete años, lo que complicó su solicitud de residencia.
En mayo de 2024, Carlos María presentó un certificado de antecedentes penales emitido en agosto del mismo año, pero este ya había perdido su validez. A pesar de argumentar que no era necesario renovar su pasaporte al no planear salir del país, el tribunal ratificó que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa de extranjería. Aunque la sentencia no es definitiva, el solicitante tiene la opción de presentar un recurso de casación en un plazo de 30 días, lo que podría dificultar aún más su situación tras dos rechazos previos.
