La reciente designación de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala ha generado preocupación a nivel internacional, colocando al Congreso en el centro de la atención global. Se espera que en marzo se seleccionen candidatos “idóneos” que eviten que el crimen organizado se infiltre en las estructuras electorales del país. La Unión Europea ha resaltado la importancia de un proceso electoral transparente, especialmente tras las críticas sobre la falta de publicidad en las fases previas de selección.
El escrutinio se intensificó al conocerse que, de los 20 candidatos propuestos, al menos seis tienen antecedentes de corrupción. Entre ellos se encuentra Lesther Castellanos, quien fue sancionado en 2023 por Estados Unidos por ser considerado un “actor corrupto y antidemocrático”, lo que le costó la pérdida de su visa y la prohibición de ingresar a territorio estadounidense. Este contexto ha suscitado alarmas sobre la posible infiltración de intereses criminales en el órgano electoral, que será crucial para las elecciones de 2027, donde se elegirán al presidente, al Congreso y a las alcaldías para el periodo 2028-2032.
La Unión Europea, a través de su misión diplomática en Guatemala, ha criticado la falta de “entrevistas públicas” en el proceso de selección, lo que ha debilitado la transparencia del mismo. A pesar de esto, el organismo instó al Congreso a elegir a magistrados que sean competentes y que contribuyan a limitar la influencia del crimen organizado en el Tribunal Supremo Electoral. La comisión de postulación, encabezada por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos, ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo de este proceso, lo que ha llevado a una creciente tensión diplomática. John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, también ha manifestado su preocupación, afirmando que las decisiones de las autoridades universitarias han facilitado el acceso de organizaciones criminales al sistema electoral.
