La Contraloría General de la República de Colombia ha comenzado a evaluar las implicancias del aumento del salario mínimo para 2026 y la reciente propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, que sugiere desvincular el precio de las viviendas de interés social y prioritario de este indicador. En lugar de eso, se plantea establecer los valores en pesos colombianos, lo cual podría repercutir notablemente en más de la mitad del mercado inmobiliario del país.
El proyecto de decreto que se está analizando estipula límites de 135 salarios mínimos para las viviendas de interés social y 90 salarios mínimos para las de interés prioritario. Sin embargo, persiste la preocupación respecto a los contratos ya firmados y en desarrollo, que se han estructurado de acuerdo a la variación del salario mínimo. José María Borrás, delegado del Sector Vivienda y Saneamiento Básico, ha señalado que aún no está claro cómo se manejarán estos proyectos existentes, creando un clima de incertidumbre entre desarrolladores y compradores.
Durante una mesa técnica, se discutió que la decisión de fijar los precios en pesos colombianos desde el momento de la firma de la promesa de compraventa podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario. Es importante recordar que el segmento de Vivienda de Interés Social representa más de la mitad de las transacciones de viviendas nuevas en Colombia, con más de 100.000 unidades vendidas anualmente. Mientras la ministra de Vivienda, Helga Rivas, defendió la medida como una no intervención en los precios, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, criticó la propuesta, sugiriendo que el Gobierno está implementando un control de precios de manera ilegal e improvisada para justificar el impacto inflacionario del aumento salarial.
