La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado una sentencia que obliga a un pescadero a abonar 27.500 euros a una empresa de transporte por la falta de pago de mercancía de pescado. El acusado, identificado como Florencio, argumentó no tener relación comercial con la firma demandante y alegó ser víctima de una suplantación de identidad.
La disputa legal se originó a partir de tres facturas emitidas en julio de 2014, que suman un total de 32.212,14 euros, correspondientes a entregas de pescado en Huelva e Isla Cristina. A pesar de las afirmaciones de Florencio, el tribunal consideró que las pruebas presentadas, incluyendo las facturas y un informe de un detective privado, demostraron su vínculo con la actividad comercial en cuestión.
El fallo judicial subrayó que las empresas de transporte, Transpeco y Transfrío, corroboraron la entrega de la mercancía en los lugares indicados. A pesar de los intentos de Florencio de desvincularse de la deuda, la corte determinó que no se presentó evidencia concreta de su alegación de estafa ni denuncia formal por suplantación de identidad. La sentencia, que se puede apelar, reafirma la responsabilidad del demandado tras más de una década desde la emisión de las facturas.
