El Gobierno de Panamá ha instruido a la Autoridad Marítima del país (AMP) para que tome el control administrativo y operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta medida se implementa tras la reciente publicación en Gaceta Oficial de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la extensión de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), una filial del conglomerado chino CK Hutchison.
Este fallo representa un cambio significativo en la administración portuaria de Panamá y genera un contexto jurídico y geopolítico complejo en el ámbito logístico. La Corte determinó que la renovación automática del contrato con PPC violaba principios constitucionales, limitando la capacidad del Estado para gestionar bienes públicos y otorgar nuevas concesiones sin el consentimiento previo de la empresa.
La AMP ha recibido la orden de ejecutar de inmediato la gestión de las terminales portuarias, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios, la seguridad operativa y la protección de la cadena logística. En este sentido, la resolución destaca la importancia de coordinar con otras entidades estatales para mantener la estabilidad del sistema logístico, y establece la necesidad de realizar un inventario de activos y revisar contratos vigentes durante esta transición.
