El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha instado a México a reformar sus normativas para suprimir la prisión preventiva oficiosa, argumentando que esta práctica afecta de manera desigual a las mujeres. De acuerdo a datos entregados al Comité, en 2020, más de la mitad de las mujeres detenidas a nivel federal (51.7%) se encontraban bajo esta medida, en comparación con el 41.34% de los hombres.
Durante los primeros seis meses de 2020, el incremento de mujeres en prisión preventiva oficiosa fue del 10.3%, mientras que en el caso de los hombres el aumento fue significativamente menor, del 1.9%. El CEFERESO 16, el único penal federal destinado a mujeres en México, presenta condiciones alarmantes, como la falta de personal médico y la ausencia de visitas familiares, lo que agrava aún más la situación de las internas. En 2023, se registraron 12 suicidios en este centro, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación.
Los testimonios recopilados por el Comité incluyen casos como el de Patricia Melo Tapia, quien, tras ser encarcelada en 2011, falleció en 2020 sin recibir la atención médica necesaria. Otros testimonios, como el de Ivonne Hernández Carbajal, revelan denuncias de tortura y la falta de visitas durante ocho años, además de problemas de salud sin atender. El CEDAW subrayó que la prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática y prolongada, sin considerar las circunstancias individuales, lo que infringe el principio de proporcionalidad y excluye a las mujeres de medidas alternativas. Asimismo, criticó que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 han exacerbado esta problemática al ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva y restringir su revisión judicial. El Comité concluyó con un llamado a México para implementar reparaciones integrales para las víctimas, así como a revisar las medidas cautelares desde una perspectiva de género, asegurando el traslado de las detenidas a centros más cercanos a sus familias.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) respaldó el pronunciamiento del Comité, enfatizando que la prisión preventiva oficiosa no solo prolonga la detención injustamente, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales al no permitir la revisión de su aplicación. El Centro Prodh destacó que esta práctica contradice la presunción de inocencia y puede considerarse una sanción anticipada, reafirmando la necesidad de atender las recomendaciones del Comité y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
