El gobierno de Gustavo Petro ha implementado un nuevo impuesto al patrimonio que afecta a las empresas con un capital líquido superior a los 10.000 millones de pesos. Este gravamen establece un tipo impositivo del 0,5 % para la mayoría de las compañías, mientras que las del sector financiero y minero enfrentarán una tasa más alta del 1,6 %. La recaudación esperada asciende a 8 billones de pesos, destinados a mitigar las secuelas de la reciente ola invernal, con un enfoque particular en la emergencia económica provocada por las inundaciones.

No obstante, la magnitud de los fondos involucrados y los métodos de gasto previstos han generado preocupación sobre el riesgo de corrupción en la gestión y supervisión de los recursos públicos. Expertos advierten que esto podría afectar negativamente la inversión privada en el país, ya que la presión tributaria se incrementa en comparación con otros sectores económicos. Según el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, Giovani Hernández, esto podría desincentivar la inversión en Colombia, dado que las utilidades de las empresas estarán sujetas a una mayor carga impositiva.

Por su parte, el académico William Rodríguez también se mostró cauteloso respecto a las consecuencias económicas de esta medida. Señaló que, aunque es difícil prever el impacto en la competitividad y en la inversión privada, es probable que se genere un clima de malestar y volatilidad entre las empresas afectadas. Además, destacó que la carga impositiva podría llevar a una reducción en las utilidades empresariales durante el presente año. Sin embargo, Rodríguez añadió que el gasto público que el gobierno realice podría, en parte, compensar estas cargas al favorecer el crecimiento del producto interno bruto del país.