La reciente implementación de un impuesto al patrimonio en Colombia por parte del gobierno de Gustavo Petro ha encendido alarmas entre inversores y expertos en tributación. Este nuevo gravamen, que se suma a una sobretasa ya existente del impuesto a la renta para el sector financiero, ha elevado la carga tributaria de las empresas de comisiones de bolsa del 39% al 54%. La medida afecta a las personas jurídicas con patrimonios líquidos que superen las 200.000 unidades de valor tributario (UVT), aproximadamente $10.400 millones.
El Decreto 173 de 2026, que se introdujo durante un Estado de Emergencia Ecológica y Económica, establece un impuesto al patrimonio del 0,5% a nivel general, que se incrementa al 1,6% para los sectores financiero y extractivo. Especialistas en economía advierten que estas reformas pueden alterar significativamente las condiciones del mercado bursátil y del desarrollo empresarial en el país.
Shenny González Uribe, presidenta de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), subrayó la importancia del mercado de capitales como un medio crucial para canalizar el ahorro nacional hacia la inversión, lo que impulsa el empleo y la innovación. González Uribe advirtió que señales fiscales que encarecen la actividad financiera pueden afectar el ahorro y desincentivar la financiación de proyectos productivos, impactando así a toda la economía nacional.
