El reciente impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno colombiano en medio de una crisis económica no recaerá directamente sobre los ciudadanos. Sin embargo, sus repercusiones podrían influir en aspectos fundamentales de la vida diaria, como el empleo, el acceso a préstamos y el estado general de la economía.

Este tributo temporal, contemplado en el Decreto 0173 de 2026, está dirigido a personas jurídicas con patrimonios líquidos que superen los 200.000 UVT. La intención del gobierno es recaudar fondos para atender la emergencia generada por fenómenos climáticos extremos, y se espera que esta medida proporcione recursos necesarios para hacer frente a la crisis actual.

Aunque el impuesto se aplica a grandes empresas, especialistas advierten que las decisiones que estas tomen en respuesta a este nuevo costo podrían tener efectos indirectos sobre la población. Según Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana, si las empresas consideran este impuesto como algo temporal, el impacto en la economía podría ser limitado. No obstante, si se percibe como una carga permanente, esto podría llevar a un aumento en las tasas de interés y dificultar el acceso al crédito, afectando así el mercado laboral y la inversión empresarial.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la misma universidad, también destacó que el aumento en la carga tributaria puede cambiar las decisiones de inversión y contratación de las empresas, lo que podría frenar el crecimiento económico y reducir las oportunidades laborales.

Este panorama se enmarca en un contexto de creciente presión fiscal, donde la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento se vuelve crucial ante el aumento del gasto público y la frecuencia de emergencias climáticas.