La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha dado luz verde a un dictamen que modifica de manera significativa la forma en que los servidores públicos del Estado accederán a la defensa legal en casos de denuncias o procedimientos sancionadores. Hasta ahora, la Ley N.° 30057, que regula el Servicio Civil, permitía que los trabajadores recibieran asistencia legal a expensas de la entidad estatal. Sin embargo, la nueva propuesta estipula que serán los propios trabajadores quienes deban afrontar los costos de su defensa legal, y solo podrán solicitar un reembolso si resultan exonerados.

Este cambio se origina en dos proyectos de ley, siendo el de María Del Carmen Alva Prieto el que ha tenido mayor influencia en el dictamen aprobado por la Comisión, presidida por el congresista Alex Paredes. El proyecto de Alva propone modificaciones al artículo 35 de la mencionada ley, lo que eliminaría el derecho vigente que permite a los servidores contar con defensa y asesoría legal financiada por su entidad en el marco de procesos judiciales y administrativos. En su lugar, se establece que los servidores deberán utilizar sus propios recursos para costear su defensa.

La eliminación de este derecho representa un giro drástico en la protección que se brinda a los trabajadores del Estado, al trasladar la responsabilidad económica de su defensa a ellos. Esto también incluye asesorías contables y económicas, en una serie de procedimientos que abarcan desde investigaciones policiales hasta procesos arbitrales. En caso de que se determine responsabilidad al finalizar el proceso, los trabajadores deberán reintegrar a la entidad los gastos incurridos en su defensa legal.