El Gobierno argentino ha dado un paso significativo al derogar una normativa que regía desde hace 14 años y que era fundamental para la industria farmacéutica. Esta decisión ha generado un intenso debate entre el oficialismo y los laboratorios, con posturas divergentes sobre sus implicaciones para la propiedad intelectual y la competencia en el mercado.
La resolución derogada, conocida como 118, fue implementada en 2012 con el objetivo de otorgar derechos de propiedad únicamente a las "innovaciones genuinas" y establecer restricciones a las patentes secundarias. Sonia Tarragona, experta en farmacopolítica de la Universidad ISALUD, señala que la práctica de "evergreening", mediante la cual los laboratorios extienden las patentes a través de modificaciones menores, ha sido un obstáculo para el desarrollo de medicamentos genéricos en el país, impidiendo así la llegada de tratamientos más accesibles.
Por otro lado, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la derogación, argumentando que la normativa anterior complicaba la obtención de patentes y obstaculizaba la llegada de nuevas terapias al país. Sin embargo, Tarragona advierte que la nueva normativa podría resultar inconstitucional, ya que no puede aplicarse retroactivamente a los productos ya comercializados. Este cambio se inserta en un contexto más amplio de compromisos internacionales que Argentina ha asumido en materia de propiedad intelectual.
