Andrea Esperanza Valdés, una mujer que se encuentra privada de libertad y que ha denunciado haber sido víctima de abuso sexual por parte de guardias del Inpec en la Cárcel El Pedregal de Medellín, se enfrenta ahora a un nuevo desafío legal. La situación de Valdés ha generado preocupación debido a la posible separación de su hijo de nueve meses, tras la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La denuncia inicial de Valdés, que salió a la luz en 2024, reveló que dos guardias de la institución penitenciaria fueron condenados a prisión en agosto de 2025 por el delito de agresión sexual. A raíz de esta violación, Valdés quedó embarazada y fue trasladada a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá debido a las amenazas y presiones que enfrentó en su anterior lugar de reclusión.
De acuerdo con la ONG Temblores, la razón oficial para justificar esta medida es el supuesto “mal comportamiento” de Valdés en prisión, aunque no existen pruebas concretas que respalden esta acusación. La organización ha expresado su preocupación por el hecho de que la mujer ha sido estigmatizada en el penal, incluso sufriendo burlas hacia su hijo, lo que agrava aún más su situación y pone de manifiesto la falta de protección del Estado en casos de vulnerabilidad como el suyo.
