El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa ha emitido un llamado a la unidad y a la prudencia entre sus militantes tras la reciente aprobación de la licencia por 30 días del gobernador Rubén Rocha Moya. Esta decisión se tomó en el contexto de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucran a Rocha Moya y a varios funcionarios en posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo conocido como “Los Chapitos”. La solicitud de separación se formalizó en la mañana del 2 de mayo, durante una sesión extraordinaria del Congreso estatal, donde se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
En su comunicado, Morena Sinaloa destacó la necesidad de que el proceso continúe bajo un estricto apego a la legalidad, enfatizando que cualquier esclarecimiento de las acusaciones debe llevarse a cabo a través de las vías institucionales. El partido reiteró su respaldo al proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y manifestó su confianza en la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) para tratar estos temas de manera objetiva y justa. Al mismo tiempo, el partido rechazó categóricamente cualquier intento de politizar las acusaciones o de difundir desinformación, así como la injerencia extranjera que amenace la soberanía del país.
Rubén Rocha Moya, en su mensaje del 1 de mayo, calificó de “falsos y dolosos” los señalamientos en su contra, afirmando que no llevaría a cabo el proceso de licencia poco antes de confirmarla. Esta contradicción ha generado un clima de incertidumbre en la política estatal y ha puesto en el centro del debate la integridad de los funcionarios públicos y la necesidad de transparencia en estos casos. La situación es compleja, ya que las acusaciones no solo afectan la imagen del gobernador, sino que también impactan en la estabilidad política de Morena en la región.
La FGR, por su parte, aclaró que la solicitud de las autoridades estadounidenses no representa un proceso formal de extradición, sino una petición de detención provisional bajo el Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos. Esta aclaración es fundamental, ya que subraya que la solicitud estadounidense carece de pruebas formales suficientes que justifiquen la urgencia de la detención de Rocha Moya y otros implicados. La FGR también destacó que el trámite de extradición solo se inicia cuando se presenta una solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acompañada de pruebas y que haya superado filtros judiciales.
A medida que la situación se desarrolla, se espera que la SRE solicite a Estados Unidos toda la documentación y pruebas necesarias para evaluar la validez de las acusaciones y determinar los pasos a seguir. Este proceso no solo es clave para la defensa de Rocha Moya y los otros involucrados, sino que también es crucial para mantener el equilibrio político en Sinaloa y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
En este escenario de incertidumbre, la respuesta de Morena Sinaloa refleja un esfuerzo por mantener la cohesión interna y evitar divisiones que puedan perjudicar al partido en un año electoral clave. La actitud de unidad y prudencia es un intento de mitigar los efectos de las acusaciones y reforzar la legitimidad de su liderazgo ante la opinión pública. Los próximos días serán determinantes para el futuro político de Sinaloa y para el rumbo del partido en medio de una de las crisis más desafiantes que ha enfrentado en su historia reciente.



