La situación del transporte público en el país ha generado preocupación entre los empresarios del sector. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), anunció que se espera la normalización del pago de salarios para la próxima semana. Sin embargo, Fusaro no dejó de señalar que el panorama actual de frecuencias de servicios es alarmante, situación que se ha agravado desde la salida de la pandemia.
El dirigente explicó que las negociaciones que llevan a cabo las cámaras del transporte con la Secretaría de Transporte están dando sus frutos. En un reciente encuentro, las partes involucradas discutieron la reestructuración del sistema de transporte, así como la optimización de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Fusaro se mostró optimista respecto a que, de continuar este diálogo, el escenario salarial podría estabilizarse hacia el final de la semana.
A pesar de la posibilidad de regularizar los pagos, el problema de las frecuencias se presenta como un desafío persistente. Fusaro destacó que, en comparación con hace cinco años, el número de colectivos que circulan por el AMBA ha disminuido drásticamente. En abril de 2018, había 18.000 unidades en funcionamiento, mientras que hoy solo hay 12.000. Esta reducción impacta directamente en la capacidad de respuesta del servicio frente a la demanda de los usuarios.
La disminución de kilómetros recorridos por los colectivos también es alarmante. Según las estadísticas, en comparación con el mismo periodo del año anterior, los kilómetros recorridos han caído un 10%. Si se considera un horizonte temporal más amplio, como hace una década, la disminución es aún más significativa, alcanzando el 25%. Esta tendencia ha llevado a los usuarios a aceptar, casi resignadamente, una calidad de servicio que antes consideraban inaceptable.
Fusaro también se refirió a la problemática de la distribución de ingresos en el sistema de transporte. Según sus declaraciones, el aumento en las tarifas que han experimentado los usuarios no se traduce directamente en un beneficio para las empresas de transporte. En lugar de fortalecer la economía de estas, el incremento tarifario ha permitido al Estado reducir el monto que destina a subsidios, generando así un efecto negativo en la sustentabilidad del sector.
La relación entre tarifas y subsidios ha cambiado considerablemente en los últimos años. Hace dos años y medio, la tarifa representaba solo el 9% de los ingresos del sistema, mientras que el 91% provenía de subsidios estatales. En la actualidad, esta proporción ha variado a 37% por tarifas y 63% por subsidios. Esto indica que, aunque los usuarios están pagando más, el Estado está asumiendo menos costos, lo que a su vez afecta la viabilidad financiera de las empresas de transporte.
Fusaro concluyó enfatizando que la situación es insostenible, ya que la reducción de subsidios está superando lo que se ha incorporado por las actualizaciones tarifarias. Este escenario no solo afecta a los empresarios, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio que los usuarios esperan y necesitan. La falta de un plan claro y sostenido por parte del Estado podría llevar a un deterioro aún mayor en un servicio esencial para la sociedad.
