En España, el costo de la luz y el gas se ha convertido en un desafío para muchas familias, especialmente en un contexto de crisis internacional que afecta los precios de la energía. La guerra en Ucrania y la reciente tensión en Irán han llevado a un incremento significativo en las tarifas, lo que ha hecho que las facturas sean cada vez más difíciles de afrontar. Para mitigar esta situación, se implementó el bono social eléctrico, destinado a apoyar a los hogares más vulnerables.

Recientemente, un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reveló que, de los 454.382 hogares con familia numerosa y 77.000 jubilados que recibieron este subsidio en diciembre, más de la mitad no se encuentra en una situación de necesidad extrema. El informe, elaborado por el economista Diego Rodríguez, destaca que muchos de los beneficiarios no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad severa que deberían ser la base para acceder a esta ayuda. Esta situación ha generado un debate público, especialmente tras revelarse que figuras políticas de alto ingreso, como la ministra de Sanidad y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, también se beneficiaron del bono por pertenecer a familias numerosas.

Desde el año 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha estado publicando datos mensuales sobre quienes disfrutan de esta ayuda. Según los datos de diciembre, se estableció que alrededor del 62,3% de las familias numerosas que recibieron el bono no se encontraban en una situación de pobreza energética grave. En el caso de los jubilados, solo el 36,9% de los pensionistas que recibieron la ayuda estaban en una situación crítica, lo que implica que cerca de 48.500 pensionistas no necesitaban el subsidio para cubrir sus gastos de energía. Este panorama pone en cuestión la efectividad del bono social eléctrico, que fue creado en 2009 con la intención de proteger a los hogares más frágiles ante las fluctuaciones del mercado energético.