La Comunidad de Madrid ha declarado que el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo está completamente asegurado en la región, reafirmando su oposición a la creación del registro de objetores de conciencia que establece la ley de regulación del aborto. Esta postura se mantiene a pesar de la reciente orden judicial que exige comenzar de manera inmediata con los trámites para la implementación de dicho registro.
Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, expresó en una conferencia de prensa que no existe un problema, ya que las mujeres que solicitan abortar pueden hacerlo dentro de los parámetros legales. Además, destacó que se respeta el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia en este tema, lo que genera un equilibrio entre los derechos de las pacientes y los profesionales de la salud.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del gobierno regional a cumplir con la ley del aborto. Aunque el tribunal no ha ordenado la creación inmediata del registro, sí ha indicado que es necesario iniciar los trámites administrativos correspondientes. García Martín anunció que la Comunidad de Madrid presentará un recurso contra esta decisión, argumentando que la obligación de iniciar los trámites no implica la finalización del registro.
