La lucha por el control en la región de Sierra-Costa de Michoacán ha generado un panorama de violencia y desplazamiento forzado en diversas comunidades rurales. En localidades como Coahuayana, los residentes y fuerzas de seguridad comunitarias se han visto obligados a defender su territorio ante la presión ejercida por grupos armados y la falta de protección estatal.
Este sector del Pacífico mexicano es considerado clave para el tráfico de drogas, precursores químicos y armamento, lo que lo convierte en un punto de conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales que buscan dominar las rutas y comunidades de la zona serrana y costera.
Recientes testimonios divulgados en un video de Eva María Beristain en el canal Ruido Social revelan las estrategias empleadas por el CJNG para desplazar a la población y apoderarse de territorios. Según Laura, activista de derechos humanos, el modus operandi del cártel incluye la ocupación de cerros cercanos a las comunidades, donde establecen puestos de vigilancia y controlan los accesos. Desde estas posiciones, realizan ataques indiscriminados para infundir miedo y debilitar a los habitantes antes de intentar tomar el control directo de las localidades.
El uso de tecnología avanzada, como drones armados que lanzan explosivos, ha incrementado la complejidad de sus operaciones. Las incursiones, que suelen ocurrir en horas de la madrugada, implican que los sicarios ingresan a pie a los pueblos, disparando al aire y gritando el nombre del cártel para sembrar terror. Durante estas acciones, despojan a las familias de sus pertenencias, buscando desestabilizarlas y evitar cualquier forma de resistencia o denuncia.
La intensificación de los ataques obliga a muchas familias a abandonar sus hogares de manera abrupta, sin tiempo para rescatar sus pertenencias o encontrar refugio. Ante el temor de ser asesinados, secuestrados o reclutados a la fuerza, se ven forzados a dejar atrás sus hogares, tierras y medios de vida, buscando protección en el monte o en comunidades vecinas.
Elvira Ontiveros Martínez compartió su desgarradora experiencia tras el asesinato de su hijo y otros familiares, lo que la llevó a huir de su comunidad y perder todo su patrimonio en el proceso.
