El 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el amparo que protegía a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Con esta decisión, se mantiene la orden de captura en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lenia Batres, ministra y autora del proyecto que fue adoptado por unanimidad, aclaró a través de sus redes sociales que esta resolución se limita a la legalidad de la orden de aprehensión y no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del exgobernador. Según Batres, la SCJN evaluó si la orden cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución, señalando que el juez de distrito que otorgó el amparo había exigido pruebas que son pertinentes a la etapa del juicio, no a la fase inicial.
La ministra destacó que para dictar una orden de aprehensión es suficiente contar con indicios que sugieran la posible comisión de un delito y la implicación del acusado. Con la revocación del amparo, Cabeza de Vaca tiene el derecho de defenderse plenamente ante el juez, presentar pruebas y refutar las acusaciones en su contra. Batres enfatizó que la orden de aprehensión es un mecanismo procesal inicial, cuyo propósito es presentar al imputado ante la autoridad judicial, y que la responsabilidad penal se determina en la audiencia inicial y el juicio, no a través de esta orden.
