La Corte Suprema de Estados Unidos ha invalidado los aranceles de emergencia impuestos por el ex presidente Donald Trump, argumentando que carecía de la autoridad necesaria para implementarlos, incluso al invocar una supuesta emergencia económica que no se ha demostrado. Este fallo reafirma que la potestad de establecer impuestos y gravámenes al comercio exterior corresponde exclusivamente al Congreso.
A pesar de esta decisión judicial, Trump ha decidido implementar un nuevo arancel, que oscila entre el 10% y el 15%, invocando una ley de la década de 1970 que le otorga facultades en situaciones de crisis de balanza de pagos. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos no enfrenta actualmente una crisis de este tipo, ya que los pagos se mantienen al día y no se observan perturbaciones significativas en la economía.
Los nuevos aranceles podrían tener una vigencia de 150 días, a menos que la Justicia determine su improcedencia antes de ese plazo. Trump podría intentar extenderlos una vez vencido este período, aunque su capacidad para mantener una política arancelaria extensa se verá limitada a menos que logre convencer al Congreso, algo que parece poco probable en el actual contexto político, especialmente considerando el uso selectivo que ha hecho de los aranceles en el pasado.
