El 13 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó a las comunidades indígenas y afrocolombianas de Urabá sobre la imputación de 34 personas en el contexto del Caso 04, que investiga los crímenes ocurridos en la región entre 1986 y 2002.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP culminó la notificación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), incorporando un enfoque étnico a lo largo del proceso. Entre los acusados se encuentran 21 miembros de las fuerzas armadas, ocho exintegrantes de las Farc-EP y cinco civiles, todos implicados en delitos como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y ataques a bienes civiles.

El Caso 04 se centra en la situación en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano entre 1986 y 2016. La JEP ha identificado tres patrones criminales: la eliminación de personas por prejuicios, el despojo de tierras y el control territorial por parte de diversos actores, incluidos guerrilleros y agentes estatales. La notificación se llevó a cabo mediante un enfoque intercultural, con la activa participación de líderes de las comunidades afectadas, y se han involucrado a más de 54.163 víctimas en este proceso.