La Fiscalía General del Estado advirtió sobre las dificultades para ejecutar expulsiones de ciudadanos procedentes de Marruecos que están involucrados en procedimientos penales, aun cuando cumplen los requisitos establecidos por la ley. La observación figura en su memoria anual de 2026, correspondiente al año anterior y publicada este jueves.

Según el informe, varias fiscalías —Sevilla, Illes Balears, Valencia, Murcia y Zaragoza— señalaron que los consulados de Marruecos y Argelia mantienen una postura “extremadamente restrictiva” frente a estos trámites. En el caso marroquí, la repatriación solo se acepta cuando la persona presenta un pasaporte original y vigente, un documento que, de acuerdo con la Fiscalía, muchos condenados ocultan deliberadamente.

El organismo también indicó que Argelia prácticamente no documenta expulsiones y que, en algunas provincias, esa alternativa es considerada materialmente inviable. Las dificultades afectan tanto a las expulsiones dispuestas durante la etapa de instrucción, en los términos del artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, como a las impuestas en una sentencia conforme al artículo 89 del Código Penal.

La Fiscalía sostuvo que la ejecución efectiva de estas medidas sigue bloqueada por problemas estructurales persistentes, que se consolidaron como uno de los principales obstáculos para la eficacia real de este instrumento legal. Entre las causas de las demoras, mencionó el colapso de los órganos judiciales y la falta de localización de las personas alcanzadas por las expulsiones.