En febrero de 2026, Soacha, un municipio aledaña a Bogotá, fue escenario de protestas por parte de los conductores de transporte público, quienes expresaron su hartazgo ante los constantes cobros extorsivos impuestos por bandas criminales locales. Estas manifestaciones, que se extendieron por tres días, afectaron a miles de ciudadanos que se vieron privados de transporte durante ese lapso.

La situación se intensificó tras el asesinato de un conductor que se negó a pagar la denominada "vacuna" exigida por los delincuentes. Durante las protestas, otro hecho violento se registró con el homicidio de un conocido "calibrador" en la zona. A pesar de las quejas y las demandas de seguridad, los transportistas manifestaron que la Alcaldía de Soacha no brindó el apoyo necesario, lo que los llevó a retomar sus actividades, incluyendo el pago a las bandas que los extorsionan.

Un video divulgado por un medio local muestra a los conductores recolectando dinero para cumplir con las exigencias de los criminales. En las imágenes, se escucha a uno de ellos comentando cómo, pese a las dificultades, se ven obligados a juntar dinero para poder trabajar. La problemática no solo afecta a los transportistas, sino también a los comerciantes de la zona, quienes han reportado amenazas y ataques a sus locales por negarse a pagar a extorsionadores, presuntamente de nacionalidad venezolana. Estos actos de intimidación han incluido disparos contra los establecimientos, generando un clima de miedo y desprotección en la comunidad.